Un grupo de expertos de Naciones Unidas afirmaron que la reciente operación lanzada por el Ejército de Israel en la ciudad de Jenín, en la Cisjordania ocupada, que dejó al menos 12 palestinos muertos, más de un centenar de heridos y miles de desplazados, “podría constituir un crimen de guerra”.
“Las operaciones de las fuerzas de Israel en la Cisjordania ocupada, la muerte y las heridas graves entre la población ocupada, la destrucción de sus casas e infraestructuras y el desplazamiento arbitrario de miles de personas suponen graves violaciones del Derecho Internacional y los estándares sobre el uso de la fuerza y podrían constituir un crimen de guerra”, indicaron, según reseñó la agencia de noticias Europa Press.
Los especialistas resaltaron que “los ataques han sido los más intensos en Cisjordania desde la destrucción del campamento (de refugiados) de Jenín en 2022”, antes de apuntar a las informaciones sobre el bloqueo al movimiento de ambulancias para evacuar a los heridos, lo que afectó a la entrega de ayuda médica a los afectados.
A principios de mes, Israel dio cauce a lo que llamó una “operación antiterrorista” sobre Jenín que, incluyó ataques con drones, en medio de una ofensiva militar
El norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, ha sido escenario de una reciente ola de ataques contra israelíes y contra palestinos por parte de colonos judíos.
A principios de mes, Israel dio cauce a lo que llamó una “operación antiterrorista” sobre Jenín que, incluyó ataques con drones, en medio de una ofensiva militar contra grupos de resistencia locales, dijo una fuente oficial.
Se trató de la operación más grande en el área durante más de un año de enfrentamientos.
“Es descorazonador ver a miles de refugiados palestinos, desplazados de forma originaria desde 1947-1949, verse forzados a salir del campamento por miedo en mitad de la noche”, manifestaron los expertos de la ONU, al tiempo que criticaron los argumentos de Israel sobre operaciones “antiterroristas” y aseveraron que la ofensiva no tiene justificación bajo el Derecho Internacional.
En este sentido, insistieron en que “los ataques constituyen un castigo colectivo sobre la población palestina, que ha sido descripta como ‘una amenaza de seguridad colectiva’ a ojos de las autoridades israelíes”, a lo que se suma su “grave preocupación” por el uso de armamento y tácticas militares al menos en dos ocasiones durante las últimas dos semanas en Jenín.
“Los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados son personas protegidas bajo el Derecho Internacional, que cuentan con todos sus derechos, incluida la presunción de inocencia”, indicaron los expertos, quienes aseguraron que “no pueden ser tratados como una amenaza de seguridad colectiva por parte de la potencia ocupante, especialmente cuando avanza hacia la anexión de la tierra palestina ocupada y desplaza y quita sus posesiones a los residentes palestinos”.
Asimismo, puntualizaron que la operación en Jenín que terminó el miércoles es parte de la “violencia estructural” contra la población palestina y afirmaron que “la impunidad de la que disfrutó Israel por sus actos de violencia a lo largo de las décadas sólo alimenta e intensifica el recurrente ciclo de violencia”.
Por ello, pidieron que las autoridades israelíes rindan cuentas por su “ocupación ilegal” y argumentaron que “para que llegue a su fin esta violencia implacable, debe terminar la ocupación ilegal por parte de Israel”.
El aumento de las tensiones durante los últimos meses se saldó con la muerte de más de 185 palestinos y 25 israelíes, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia
“No puede ser corregida o mejorada de forma marginal, ya que es errónea en su totalidad”, señalaron.
Los expertos firmantes del comunicado son la relatora especial para la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese; la relatora especial sobre Derechos Humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur; y el relator especial sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem.
Por su parte, el Ejército israelí indicó que el objetivo principal era que el lugar “no sea un lugar seguro” para “terroristas” ante el repunte de la violencia en los últimos meses, mientras que el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, afirmó que “es el pueblo palestino el que tiene derecho a la autodefensa”, un derecho que “no tiene una potencia ocupante”.
El aumento de las tensiones durante los últimos meses se saldó con la muerte de más de 185 palestinos y 25 israelíes, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia.
Las tensiones repuntaron especialmente desde el 19 de junio, cuando una redada del Ejército de Israel en Jenín se saldó con siete palestinos muertos -incluidos dos menores- y más de 90 heridos.
Apenas un día después, cuatro israelíes murieron en un ataque cerca del asentamiento de Eli.
En este contexto, cientos de colonos llevaron a cabo ataques contra localidades cisjordanas, sucesos que concluyeron con la muerte de un palestino, mientras que el Ejército israelí mató a tres palestinos -miembros de Yihad Islámica y del brazo armado de Al Fatá- en un ataque con dron cerca de Jenín.