El Gobierno presiona a Villarruel por la reforma electoral y apura el debate por la Boleta Única de Papel

En
medio
de
la
tensión
política
que
aún
se
vive
en
el
Congreso
por
el
escándalo
de
la
visita
de
los
diputados
a
los
genocidas
detenidos
en
Ezeiza
y
la
denuncia
por
violencia
de
género
de
la
ex
primera
dama
Fabiola
Yañez
contra
Alberto
Fernández,
el
Gobierno
le
mete
presión
a

Victoria
Villarruel
para
que
habilite
el
recinto
del
Senado
y
se
avance
con
el
plan
de
reforma
electoral.
Puntualmente
quieren
que
salga

la
Boleta
Única
de
Papel
(BUP)
que
la
dupla
Karina
Milei
y
Santiago
Caputo
aspira
que

esté
en
práctica
para
las
elecciones
de
medio
término
de
2025.

La
misión
del
oficialismo
está
centralizada
en
sacar
la
BUP,
clave
para
el
armado
de
La
Libertad
Avanza
a
nivel
nacional,
y
presiona
para
que
forme
parte
del
temario
de
la
próxima
sesión,
que
incluiría
la
nueva
fórmula
jubilatoria
y
un
proyecto
que
penaliza
la
trata
de
menores.

Lisandro
Catalán,
el
vicejefe
de
Gabinete
del
Interior,
llevó
al
Senado

un
borrador
con
una
nueva
propuesta
que
entregó
al
secretario
parlamentario
Agustín
Giustinian
para
que
se
negocie
con
los
bloques
dialoguistas.

Pero
en
la
Cámara
alta
ya


hay
dos
proyectos
que
obtuvieron
dictamen
de
comisión
a
principios
de
año
y
que
están
habilitadas
para
ser
tratadas
en
el
recinto.

El
despacho
de
mayoría
reproduce
la
media
sanción
de
Diputados,
mientras
que
una
segunda
alternativa
es
impulsada
por
la
rionegrina
Mónica
Silva
con
el
apoyo
del
kirchnerismo
y
de
los
misioneros
del
Frente
Renovador
de
la
Concordia,
una
fuerza
provincial
que
es
comandada
por
el
ex
gobernador
Carlos
Rovira.

La
primera
opción,
que
cuenta
con
el
apoyo
del
oficialismo,
el
PRO
y
la
UCR,
se
basa
en
los
modelos
que
ya
se
aplican
en
las
elecciones
provinciales
de
Córdoba
y
Mendoza
con

una
sola
papeleta
para
todas
las
categorías,
mientras
que
el
proyecto
impulsado
por
la
senadora
que
responde
al
gobernador
Alberto
Weretilneck
promueve

una
boleta
única
con
los
candidatos
a
presidente
y
vice
y
otra
con
los
legisladores
nacionales.
Así
se
busca
proteger
a
las
fuerzas
provinciales
que
generalmente
no
presentan
candidatos
al
Ejecutivo.

En
un
principio,
el
Gobierno
había
dejado
trascender
su
intención
de
apoyar
la
propuesta
de
la
senadora
por
Río
Negro.
Fue
justo
cuando
se
negociaba
el
traspaso
de
Bahía
Blanca
a
Río
Negro
de
una
planta
de
GNL
de
YPF
y
Petronas.
Sin
embargo,
ahora
el
oficialismo
parece
haber
dado
un
giro
en
sus
posiciones
y
en
este
nuevo
borrador
propuso

una
sola
boleta
para
todos
los
cargos,
lo
que
para
los
distritos
con
mayor
caudal
de
electores
puede
ser
una
complicación
por
la
cantidad
de
oferta
de
candidatos.

Así,
los
distritos
que
adhieran
al
cronograma
electoral
nacional
incluirán
en
la
misma
boleta
los
candidatos
para
los
cargos
provinciales
y
municipales.
Además
se
mantiene
el
casillero
de
boleta
completa,
cuya
eliminación
había
sido
pedida
por
los
senadores
que
pertenecen
a
fuerzas
provinciales.

El
kirchnerismo,
que
rechaza
la
boleta
única
y
se
mantiene
a
favor
de
la
papeleta
tradicional,
pretende
trabar
el
debate.
Ya
lo
hizo
en
enero,
cuando
en
el
debate
en
comisión
adhirió
al
proyecto
de
Silva
y
provocó
un
virtual
empate
si
la
iniciativa
era
llevada
al
recinto.

El
problema
es
que
por
tratarse
de
una
reforma
electoral
requiere
de
mayoría
absoluta
(37
senadores)
y
no
puede
ser
definido
por
el
voto
de
la
vicepresidenta.

Otro
dato
que
dejaron
trascender
en
el
Senado
es
que

el
Gobierno
exige
que
el
nuevo
sistema
de
votación
se
empiece
a
aplicar
desde
las
elecciones
legislativas
de
2025.
Por
eso,
la
urgencia
para
que
sea
tratado
en
la
próxima
sesión
y
girado
rápido
a
Diputados.

El
borrador
enviado
desde
la
Casa
Rosada
también
plantea

una
ampliación
de
los
plazos
para
la
presentación
de
las
listas
y
adelanta
al
primer
domingo
de
agosto
la
convocatoria
de
las
PASO,
cuando
la
ley
que
instauró
las
primarias
plantean
que
sean
convocadas
para
el
segundo
domingo
de
ese
mes.
También
define
las
condiciones
para
las
ubicaciones
en
la
BUP.

Desde
hace
meses
vienen
empujando
el
tratamiento
de
esta
ley
el
radical
Maximiliano
Abad
como
el
peronista
Juan
Carlos
Romero,
aliado
del
oficialismo
en
el
Senado.
Entre
lunes
y
martes
habrá
una
ronda
de
reuniones
entre
los
dialoguistas
y
el
Gobierno
para
cerrar
algún
acuerdo
ya
que
si
no
se
sanciona
antes
de
febrero
perderá
estado
parlamentario.

No
obstante,
distintas
fuentes
de
la
oposición
se
mostraron
confiados
en
que
se
podrá
aprobar
aunque
anticiparon
que

se
realizarán
modificaciones
a
la
media
sanción
de
Diputados
por
lo
que
deberá
volver
a
esa
Cámara
para
una
nueva
revisión.