El canal presentará esta semana una acción de amparo con medida cautelar al considerar que se vulnera la libertad de expresión y el acceso a la información.
El canal cordobés Canal C inició acciones legales contra la compañía tecnológica Meta tras la inhabilitación intempestiva de su cuenta oficial y verificada de Instagram (@CANALCCORDOBA), una comunidad digital que supera los 240.000 seguidores.
La sanción fue ejecutada a través de un sistema algorítmico automatizado bajo el argumento de supuestas infracciones a las normativas de derechos de autor. Sin embargo, desde la empresa periodística señalaron que no existió advertencia previa, no se detallaron cuáles fueron las publicaciones cuestionadas y no se habilitó ningún canal de interlocución humana para ejercer el derecho a réplica o defensa.
Censura algorítmica y desproporcionalidad
El reclamo legal pone el foco en la asimetría de poder que ejercen las plataformas digitales sobre los generadores de contenidos y medios de comunicación:
Falta de debido proceso: Ante eventuales reclamos sobre derechos de propiedad intelectual en fragmentos audiovisuales, los propios protocolos internacionales y términos de servicio prevén la remoción de la pieza específica o sanciones temporales acotadas, pero no la clausura total de una señal de noticias con 20 años de trayectoria.
Indefensión técnica: Aunque las políticas de la plataforma prevén formalmente una ventana de 180 días para apelar, el sistema deriva a formularios estandarizados y cerrados que impiden fundamentar un descargo ante un revisor humano.
Afectación a la audiencia: La baja de la cuenta deja sin acceso a contenidos informativos en tiempo real, debates públicos y alertas comunitarias a más de 240.000 usuarios cordobeses que seguían las transmisiones diarias del medio.
Presentación judicial
Frente a este escenario, las autoridades de Canal C enviaron una intimación formal a la filial local de la compañía y recurrirán a los tribunales mediante una acción de amparo con solicitud de medida cautelar innovativa.
La presentación judicial persigue el restablecimiento urgente del perfil digital y busca sentar un precedente frente a las sanciones arbitrarias impuestas por algoritmos automatizados, planteando la necesidad de proteger la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información frente a las decisiones unilaterales de las corporaciones tecnológicas.