El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves una reforma para mejorar el funcionamiento de los servicios secretos, tras los escándalos del espionaje a líderes independentistas y a la cúpula del propio Ejecutivo.
“Se trata de reforzar las garantías de ese control” judicial sobre los servicios de inteligencia, “además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”, señaló Sánchez en una intervención ante el Congreso de los Diputados.
El anuncio se produjo poco más de un mes después de que estallara el escándalo, el 18 de abril, cuando en un informe publicado por la organización canadiense Citizen Lab se aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana habían sido infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
El escándalo de espionaje irritó a los independentistas catalanes, que brindan un apoyo clave al Ejecutivo de Sánchez y puso en riesgo el tenue control del Parlamento de la coalición progresista gobernante.
Molestos, los separatistas catalanes acusaron al Estado de estar detrás de esas escuchas y amenazaron con retirar su crucial apoyo parlamentario al Gobierno minoritario de Sánchez.
El caso escaló aún más cuando a principios de mayo el Gobierno anunció que el propio Sánchez y su ministra de Defensa, de quien dependen los servicios secretos, fueron espiados también, en mayo y junio de 2021 mediante el mismo programa informático.
El Gobierno asegura que el pirateo -también sufrido por el ministro del Interior-, fue producto de un “ataque externo” de un actor sin identificar, aunque la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
El Gobierno buscó entonces poner paños fríos al escándalo destituyendo a la jefa de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, en momentos en que el movimiento separatista e incluso el socio de los socialistas de Sánchez en el Gobierno, el partido de izquierda de Podemos, pedían que rodaran cabezas.
Este jueves, el mandatario anunció esta reforma junto a la futura adopción de una nueva ley de “información clasificada”, en sustitución de la anterior de 1968 aprobada bajo la dictadura de Francisco Franco, para “que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales”.
La reforma busca satisfacer no solo a los aliados de la mayoría, con quienes busca tender hilos para recuperar su confianza para fortalecer el bloque progresista de la legislatura y permitir llegar sin problemas al final de este mandato, sino también a otros partidos alertados ante la posibilidad de que el CNI haya actuado de forma autónoma en un tema como el espionaje a políticos.
La iniciativa, de la que no ofreció mayores detalles, “pondrá al día los procedimientos y acometerá los cambios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse en el futuro”, añadió Sánchez, informó la agencia de noticias AFP.
“Es esencial realizar un esfuerzo cada vez más amplio de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) (..) en los ámbitos de la contrainteligencia, de la ciberseguridad y la información clasificada, para defenderse del uso ilegítimo de software como Pegasus”, subrayó.
El jefe del ejecutivo español defendió sin embargo a los servicios de inteligencia, afirmando que “han actuado en todo momento bajo la más escrupulosa legalidad”.
Sánchez confirmó que efectivamente 18 independentistas catalanes tuvieron intervenidas sus comunicaciones, pero ligó esas actividades a momentos “duros, difíciles, traumáticos” que se vivieron por el conflicto político en Cataluña.
La crisis tuvo su punto de inflexión en octubre de 2017, cuando los independentistas celebraron un referéndum -considerado ilegal por Madrid.- de autodeterminación y decretaron una fallida declaración de independencia.
Sánchez garantizó que esa escuchas, acotadas en el tiempo, fueron debidamente autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, tal y como ordena la ley.
“La gran mayoría de los (teléfonos) móviles infectados (que aparecen en) el informe de Citizen Lab, lo han sido por actores desconocidos, ajenos a la administración española”, afirmó Sánchez. “Esa es la realidad”, dijo.
Sánchez garantizó su voluntad de mantener el diálogo iniciado por su Gobierno con los independentistas catalanes.
El presidente regional catalán, el independentista Pere Aragonés, ha mantenido en las últimas semanas su exigencia al gobierno de dar “explicaciones” sobre el espionaje y ofrecer “garantías” de que no se repetirá una situación semejante.