Jorge Macri va contra Javier Milei y le echará la culpa si hay un paro por los subsidios

La
ciudad
de
Buenos
Aires
no
aceptará
que
la
Nación
le
transfiera
las
31

líneas
de
colectivos
que
circulan
solamente
en
su
territorio
y
responsabilizará
al
presidente
Javier
Milei
y
sus
funcionarios
si
el
conflicto
económico
por
los
subsidios
y
las

tarifas
deriva
en
un

paro
durante
los
próximos
meses.

Así,
escala
la
tensión
entre
el
jefe
de
Gobierno,

Jorge
Macri,
y
el
mandatario
nacional,
en
un
tema
que
también
toca
al
gobernador
kirchnerista
de
la
provincia
de
Buenos
Aires,

Axel
Kicillof,
afectado
por
las
decisiones
de
la
Rosada
en
materia
de
subsidios
al
transporte.

Pero
en
el
caso
del
Gobierno
porteño,
se
trata
del
segundo
asunto
caliente
que
los
enfrenta
con
Nación,
ya
que

está
abierta
la
discusión
por
los
fondos
de
coparticipación
que
debe
recibir
la
Ciudad,
de
acuerdo
al
fallo
que
dictó
la
Corte
Suprema
de
Justicia
en
2022
y
que
el
Ejecutivo
viene
incumpliendo
desde
entonces,
tanto
durante
la
gestión
de
Alberto
Fernández,
como
ahora
la
de
Javier
Milei.
La
Ciudad
volverá
a
reclamar
en
el
máximo
tribunal
por
ese
incumplimiento,
que
motivó
una
deuda
de
$
4,8
billones.

El
ministro
de
Infraestructura
de
la
Ciudad,

Pablo
Bereciartúa,
le
envió
el
miércoles
una
carta
al
ministro
de
Economía
de
la
Nación,

Luis
Caputo,
para
advertirle
que
los
colectivos
tienen
jurisdicción
nacional,
que
tiene
a
su
“exclusivo
cargo
las
compensaciones
tarifarias
y
subsidios,
y
el
mantenimiento
del
normal
funcionamiento
del
sistema”.

Y
recordó
que
tiene
bajo
su
órbita
la
regulación,
incluyendo
las
tarifas,
los
mecanismos
de
control
y
fiscalización,
y
el
establecimiento
de
recorridos,
frecuencias
y
horarios,
entre
otras
competencias
que
la
Nación
no
transfirió
a
la
Ciudad
Autónoma,
por
la

falta
de
un
acta
acuerdo,
en
la
que
se
trabaja
desde
2018.

“Mediante
la
presente
se
informa
que,
en
el
caso
de
que
el
Estado
Nacional
no
efectivice
la
parte
de
las
compensaciones
que
le
corresponde
realizar,
conforme
a
lo
oportunamente
comprometido
y
en
el
marco
de
la
doctrina
de
los
actos
propios,

corresponde
hacerlo
directamente
responsable
del
conflicto
que
pudiere
generarse
con
las
empresas
prestatarias
del
transporte
público
automotor“,
completó
la
carta
la
Ciudad.

Como
telón
de
fondo,
subyacen
cuestiones
económicas
y
políticas
del
conflicto.
El
sistema
de
los
colectivos
en
el
Área
Metropolitana
de
Buenos
Aires
(AMBA)
tiene
unas
18.100
unidades,
con
387
líneas
y
nueve

millones
de
pasajeros
transportados
por
día.

El
costo
reconocido
por
la
Secretaría
de
Transporte
es
de

$
200.000
millones
por
mes,
de
los
cuales
unos

$
140.000
millones
los
aporta
el
Estado
con
subsidios
y
el
resto,
los
usuarios
con
sus
tarifas.

La
Nación
aporta
el
40%
($
56.000
millones
mensuales);
la
Ciudad,
un
10%
($
14.000
millones)
y
la
provincia,
el
50%
restante,
con
unos
$
70.000
millones.

Según
cuentan
en
los
despachos
oficiales,
la
Nación
se
seguirá
haciendo
cargo
de
la

tarifa
social
(descuento
de
un
55%)
en
todo
el
país
-para
unos
5,3
millones
de
pasajeros-,
de
las
líneas
que
cruzan
el
Riachuelo
o
la
avenida
General
Paz
y
de
la

red
SUBE
en
esos
colectivos,
que
no
pertenecen
ni
a
la
Ciudad
ni
a
la
provincia.

Pero
plantean
que

desde
septiembre
la
Ciudad
se
deberá
hacer
cargo
de
las
31
líneas
-como
hicieron
todas
las
otras
jurisdicciones
a
partir
de
2019,
con
el
pacto
fiscal-,
así
como
la
provincia
tendrá
que
aportar
para
el
boleto
integrado
(descuentos
de
50%
en
el
segundo
viaje
y
de
75%
en
el
tercer
viaje
dentro
de
las
2
horas
de
iniciado
el
ciclo).
Actualmente,
la
Ciudad
aporta
el
55%
del
costo
de
las
31
líneas.
La
diferencia
serían
unos
$
5.000
millones
por
mes.

En
la
Provincia,
en
tanto,
el
traspaso
de
la
red
SUBE
costaría
unos
$
6.000
millones
mensuales,
aunque
fuentes
oficiales
remarcan
que
de
los
$
70.000
millones
que
tenían
que
pagar
hasta
julio,
ahora
serán
$
56.000
millones
tras
el
reciente
aumento
de
tarifas
este
mes
y
$
62.000
millones
con
la
transferencia
del
boleto
integrado.

Pero
fuera
de
eso,
también
está
lo

político:
cualquier
problema
con
el
funcionamiento
del
transporte
es
muy
sensible
a
los
usuarios
y
hace
pagar
al
Gobierno
un
enorme

costo,
que
nadie
quiere
asumir.