Ariel Lijo defendió su actuación en los casos YPF, Gildo Insfrán, Siemens y Rucci antes de la dura audiencia en el Senado del miércoles

Para

evitar
que
la
audiencia
pública
de
este
miércoles
sobre
la
candidatura
a
la
Corte
del
juez
federal
Ariel
Lijo
se
convierta
en

un
circo
de
gritos
y
falta
de
decoro,
las
autoridades
del
Senado
estaban
discutiendo

si
limitan
la
cantidad
de
personas
que
puedan
ingresar
al
salón
Azul
de
la
Cámara
Alta.

Mientras
Lijo,
presentó

un
extenso
documento
con
el
que
intenta
contestar
las
más
de
400
preguntas
que
ciudadanos
enviaron
al
Senado
y
rechazar
las
impugnaciones
en
contra
de
su
candidatura
a
la
Corte.
Se
trata

de
la
primera
defensa
que
el
magistrado
hace
de
su
actuación.

Sucede
que
de
la
audiencia
pueden
participar,
además
de
los
17
senadores
de
la
estratégica
comisión
de
Acuerdos
del
Senado,
el
resto
de
los
55
senadores
y
los
257
diputados
y

preocupa
que
no
quepan
en
ese
salón,
aunque
la
audiencia
será
transmitida
por
TV.
Nunca
antes
una
candidatura
a
juez
había
levantado
tanto
interés
público.

La
senadora
del
PRO
y
presidenta
de
la
comisión,
Guadalupe
Tagliaferri,

propuso
que
cada
legislador
ingrese
con
un
asesor
y
que
cada
institución
ciudadana
tenga
un
representante
en
la
audiencia
pública
que
comenzará
el
miércoles
a
la
10
sin
límite
de
tiempo.

Clarín
accedió
a
la
nota
completa
en
que
se
defiende
de
críticas
por
su

retraso
en
definir
la
causa
por
la
polémica
reestatización
de

YPF
de
2012,
el
envío
a
Formosa
de
una
causa
contra
el
gobernador
K
de
esa
provincia,
Gildo
Insfrán,
el
caso
del
Correo
de
los
Macri,
el
asesinato
de
Rucci,
la
causa
Siemens
donde
no
procesó
al
ex
ministro
del
Interior
Carlos
Corach
ni
ningún
otro
funcionario,
entre
otras.

En
cuanto
a
las
impugnaciones
de
la
Coalición
Cívica
de
Elisa
Carrió
y
otras
sobre
su
supuesta
falta
de
ética,
Lijo
rechazó
“de
manera
categórica
la
falsa
impugnación
sobre
mi
supuesta
falta
de
aptitud
moral”.
Sostuvo
ese
rechazo
en
que
“fui
sometido
a
exhaustivas
investigaciones
por
parte
de
diversos
organismos
del

Estado,
Poder
Judicial
de
la
Nación,
Ministerio
Público
Fiscal,
Consejo
de
la
Magistratura
de
la
Nación,
AFIP
y
UIF
las
cuales
resultaron
concluyentes
respecto
de
la
ausencia
de
elementos
e
indicios
que
las
sustenten”.

El
Consejo
de
la
Magistratura
de
la
Nación
pidió,
además,
todo
tipo
de
informes
sobre
su
persona
y
situación
patrimonial
en
un
sumario
que
dirigió
el
ex
diputado
del
PRO
Pablo
Tonelli.
Dos
años
años
después,
Tonelli

“presentó
su
dictamen
en
Comisión
en
el
que
aconsejó
el
cierre
de
la
investigación,
lo
cual
fue
votado
favorablemente
en
el
pleno
de
ese
organismo”.

De
la
misma
manera,

“fui
sometido
a
una
larga
investigación
por
la
AFIP,
la
UIF,
Ministerio
Público
Fiscal
y
el
Poder
Judicial
de
la
Nación
donde
luego
de
3
años
se
desestimaron
los
hechos
objeto
de
la
denuncia
y
se
concluyó
mi
inocencia
En
suma,
la
observación
no
es
más
que
una
generalidad
basada
en
un
prejuicio
estereotipado
de
impugnación
al
sistema
institucional”.

En
cuanto
a
las
denuncias
de
supuesto
enriquecimiento
ilícito
“resultan

meras
aseveraciones
sin
ningún
tipo
de
sustento
fáctico
ni
documental
y
algunas
de
ellas
desvirtúan
el
fin
de
la
norma
en
cuanto
a
la
inadmisibilidad
de
observaciones
infundadas
o
discriminatorias”.
Una
de
las
objeciones
gira
alrededor
de
su
hermano
Alfredo
Lijo,
considerado
por
Carrió,
un
lobista
en
tribunales.

Después
defendió
su
actuación
en
causas
judiciales
de
relevancia
política
y
sostuvo
que
“en
ningún
momento
de
mi
trayectoria
profesional

registré
sanciones
de
ninguna
índole”
de
parte
de
sus
superiores.

Sus
fallos
“se
encuentran
sujetos
a
control
de
partes
y
de
constitucionalidad
por
parte
de
las
instancias
superiores”
y
en
todos
“he
rendido
cuentas
públicas
en
su
debido
momento,
tanto
ante
mis
superiores
en
el
Poder
Judicial
de
la
Nación,
así
como
ante
los
organismos
administrativos
correspondientes”.

La
siguiente
es
una
síntesis
de
las
respuestas
de
Lijo.

–

Desvío
de
US$
2
millones
del
Fondo
Fiduciario
Provincial
(FONFIPRO)
a
la
empresa
Old
Fund
vinculada
al
ex
vicepresidente
Amado
Boudou:
“Si
bien
se
citó
a
prestar
declaración
indagatoria
de
ciertos
funcionarios
durante
el
año
2017,
incluido
el
gobernador
de
la
provincia
de
Formosa,
fue
a
partir
de
un
planteo
de
la
defensa
que

se
resolvió
declarar
la
incompetencia
territorial
en
favor
de
Formosa.
Esta
decisión
fue
tomada
con
control
de
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones
que
por
otra
parte
afirmó
la
indudable
incompetencia
territorial
de
esta
sede
de
la
ciudad
de
Buenos
Aires
y
declinó
la
competencia
a
la
justicia
federal
de
la
provincia”.
La
justicia
de
Formosa

sobreseyó
a
Insfrán.
Para
ese
entonces,
Boudou
en
el
caso
ya
había
sido
condenado
a
5
años
y
10
meses
de
prisión.

–

El
pago
de
coimas
por
U$S
100
millones
por
el
contrato
de
impresión
de
DNI
e
informatización
de
fronteras
a
Siemens:
“Como
prueba
un
supuesto
vínculo
personal
con
un
posible
imputado
presentan
una
fotografía
grupal
en
la
que
se
me
puede
ver
con
uno
de
los
hijos
del
ex
ministro
del
Interior,
Carlos
Corach.
Esa
imagen
data
de
épocas
anteriores
a
mi
designación
como
juez
federal,
del
año
2003…

No
se
ha
logrado
determinar
responsabilidad
penal
del
Sr.
Carlos
Corach
ni
de
otro
funcionario
público
en
concreto.
Esta
afirmación
de
todos
modos
debe
ser
considerada
como
provisoria,
dado
que
a
través
de
la
Cancillería
Argentina
existen
exhortos
internacionales
pendientes
de
respuesta
que
podrían
alterarla.
En
este
caso
se
detectaron
sobornos
de
carácter
trasnacional
en
los
que
se
determinó
la
participación
de
17
empresarios
vinculados
al
grupo
Siemens
AG
y
sus
filiales,
como
así
también
la
de
aquellos
que
resultaron
ser
intermediarios
en
las
operaciones…
De
la
actividad
probatoria
producida,

no
fue
posible
obtener
la
identidad
de
ningún
funcionario
público
que
haya
conformado
esas
sociedades
o
bien,
que
resultara
beneficiario
de
las
cuentas
a
las
cuales
se
dirigió
el
dinero
de
los
sobornos”.

–

Supuestos
desvíos
de
fondos
en
la
Obra
Social
del
Poder
Judicial
de
la
Nación:
“el
fiscal
interviniente
solicitó
que
se
disponga

el
archivo
de
las
actuaciones,
el
cual
no
ha
sido
resuelto,
toda
vez
que
existe
un
recurso
extraordinario
federal
en
trámite
ante
la
Corte
Suprema
de
Justicia
de
la
Nación
a
fin
de
resolver
la
cuestión
de
admisibilidad
del
requerimiento
de
SITRAJU
de
ser
tenido
como
parte
querellante”.
Se
trata
del
sindicato
de
judiciales
que
dirige
la
diputada
K
Vanesa
Siley.

–

Tabacalera
Sarandí:
“Se
inició
el
1
de
julio
del
año
2019
con
la
denuncia
del
apoderado
del
representante
legal
de
Tabacalera
Sarandí
SA
en
la
que
mencionó
una
serie
de
maniobras
que
habría
llevado
a
cabo
la
empresa
MASSALIN
PARTICULARES
SRL
en
connivencia
con
funcionarios
de
la
AFIP
y
el
INTI…En
el
ámbito
de
mi
jurisdicción
no
se
ha
dispuesto
ninguna
medida
cautelar
oponible
ni
a
la
Administración
Federal
de
Ingresos
Públicos,
ni
a
otro
organismo
público
nacional
o
local
con
facultades
de
cobro
de
impuestos
y
tributos”.

–

Gestiones
de
funcionarios
a
favor
de
Correo
Argentino
de
los
Macri:
“se
trata
de
un
expediente
en
trámite
que
me
inhibe
de
brindar
opiniones
y
consideraciones
que
puedan
implicar
prejuzgamiento.
Pero
lo
que
es
más
importante,
se
trata
de
un
expediente
judicial
en
el
que
existen
personas
imputadas
y
que
han
sido
indagadas
con
lo
que
expedirme
en
un
ámbito
como
este
sobre
su
situación,
podría
afectar
su
intimidad
y
su
honor”.

–

Aportes
Droguería
Urbana,
proveedora
de
Camioneros,
a
la
campaña
de
Cristina
Kirchner:
“El
temperamento
adoptado
fue
apelado
por
la
querella
ejercida
por
la
Unidad
de
Información
Financiera
el
día
el
23
de
junio
de
2020
y
luego
desistido
el
26
de
junio
de
ese
mismo
año.
El
15
de
julio
de
2020
se
hizo
efectiva

la
remisión
del
expediente
a
la
justicia
electoral”.

–

El
asesinato
del
titular
de
la
CGT
Ignacio
Rucci
en
1973:
“Existe
un
alto
grado
de
probabilidad
de
que,
en
la
planificación,
la
decisión
y
la
ejecución
del
hecho
hayan
participado
miembros
de
la
agrupación
“Montoneros”.

La
ausencia
de
participación
de
miembros
de
la
Triple
Ay
los
hallazgos
realizados
en
el
caso
acerca
de
la
probable
participación
de
civiles
en
el
asunto,

descartaron
la
posibilidad
de
aplicar
normas
de
imprescriptibilidad
largamente
avaladas
por
la
Corte
Suprema,
tribunales
internacionales
de
derechos
humanos
y,
más
recientemente
en
el
Estatuto
de
la
Corte
Penal
Internacional.
El
archivo
del
caso
estuvo
entonces
ligado
a
la
imposibilidad
de
proceder
con
la
acción
penal
por
el
paso
del
tiempo”.

–

El
blanqueo
de
capitales
de
Macri
e
la
inclusión
de
parientes:
“Los
hechos
investigados
consisten
en
el
dictado
del
decreto
1206/16
que
dispuso
la
inclusión
en
la
reglamentación
la
autorización
a
ingresar
al
“blanqueo
de
capitales”
a
familiares
de
funcionarios
públicos;
lo
cual
resultaría
violatorio
del
artículo
83
de
la
ley
27.260
que
reglamenta
el
citado
decreto
que
expresamente
lo
excluía.
Por
ello,
los
denunciantes,
sostienen
que
resulta
un
privilegio
ilegítimo
otorgado
a
aquellos,
en
pos
de
salvaguardar
intereses
personales”.
Está
en
proceso.

–

Polémica
reestatización
de
YPF
de
Cristina
por
una
denuncia
de
Carrió
en
2007:
“…
La
finalidad
del
trámite
está
vinculada
a
reunir
evidencia
que
permita
determinar
si
algunas
de
las
personas
identificadas
en
el
caso
ha
llevado
adelante
una
conducta
pasible
de
ser
encuadrada
en
un
delito
del
código
penal.
Tanto
es
así,
que
las
distintas
hipótesis
que
forman
parte
del
objeto
procesal
de
la
causa
ttienen
múltiples
diligencias,
especialmente
en
el
exterior,
con
las
implicancias
específicas
que
ello
conlleva”
como
exhortos
enviados
a
España.

–

Causa
AMIA
II:
“en
2011
se
ordenó
la
elevación
a
juicio
oral
y
público
los
hechos
atribuidos
a
Juan
José
Galeano
(ex
juez
federal),
Eamon
Müllen
(ex
fiscal
federal),
José
Carlos
Barbaccia
(ex
fiscal
federal),
Hugo
Anzorreguy
(ex
titular
de
la
SIDE),
Patricio
Finnen
(funcionario
jerárquico
de
la
SIDE),
Carlos
Telleldín
(imputado
del
caso
principal),
y
su
entonces
pareja
Ana
María
Boragni,
Víctor
Stinfale
(entonces
abogado
defensor
de
Telleldín),
y
Rubén
Ezra
Beraja
(entonces
presidente
de
la
DAIA)”.
La
mayoría
terminó
condenado.
Pero
la
causa
sobre
la
supuesta
pista
siria
que
impulsaba
Cristina
Kirchner
terminó
siendo
archivada
por
la
Cámara
Federal
de
Casación
por
ausencia
de
delito

Sobre
la
falta
de
mujeres
en
la
Corte,
Lijo
dijo
que
“no
comprende
una
objeción
a
considerar
respecto
a
mis
cualidades
para
cubrir
el
cargo
y,
por
lo
tanto,

no
me
corresponde
realizar
una
evaluación
al
respecto”,
sino
al
Gobierno.

A
modo
de
conclusión,
Lijo
sostuvo
“muchas
de
las
presentaciones
vistas,
sólo
expresan
las
opiniones
de
los
impugnantes
respecto
de
la
tramitación
o
resolución
de
una
causa
determinada

en
un
espacio
impropio
para
ello;
o
se
tratan
de
críticas
generalizadas
al
funcionamiento
del
sistema
institucional
establecido
por
la
Constitución
Nacional
y
las
leyes
dictadas
por
el
Congreso
Nacional”.

En
una
etapa
previa,
administrada
por
el
Ministerio
de
Justicia,
Lijo

recibió
328
impugnaciones,
dos
más
que
las
recibidas
por
García-Mansilla.
Sin
embargo,
el
juez
de
Comodoro
Py
también
cosechó
3.578
adhesiones
mientras
que
el
otro
candidato
sumó
3.129
avales.

Las
objeciones
provinieron
de
Fores,
presidido
por
Alfredo
Vitolo;
Poder
Ciudadano,
Pablo
Secchi;
Asociación
Civil
por
la
Igualdad
y
la
Justicia
(ACIJ),
Celeste
Fernández;
Entre
Ríos
Sin
Corrupción´n,
Fabiana
Cian;
Será
Justicia,
Raúl
Aguirre
Saravia;
Acción
Conjunta
Republicana
(ACR),
María
Bunge
de
Robertson
Lavalle;
Asociación
Argentina
de
Ética
y
Compliance
(AAEC),
Laura
Lavia
Haidemperguer;
Instituto
de
Estudios
Comparados
en
Ciencias
Penales
y
Sociales
(INECIP),
Julián
Alfie;
Directorio
Legislativo;
Noel
Alonso
Murray;
y
Cultura
democrática,
Micaela
Hierro
Dori,
así
como
el
Club
Político,
el
Colegio
de
Abogados
de
la
Ciudad.

Para
defender
su
formación
académica,
exhibió
los
reconocimiento
que
recibió
del
rector
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires,
Ricardo
Gelpi,
del
rector
de
la
Universidad
de
Lomas
de
Zamora
Diego
Molea,
de
la
Asociación
Mundial
de
Justicia
Constitucional
y
su
Presidente,
del
Presidente
del
Colegio
de
Magistrados
de
CABA,
del
Presidente
de
“World
Jurist
Association”,
de
la
Vicepresidenta
de
la
“Confederación
Latinoamericana
de
Trabajadores
del
Poder
Judicial”,
del
Secretario
General
de
la
“Unión
de
Empleados
de
la
Justicia
de
la
Nación”
Julio
Piumato,
del
Presidente
de
la
Asociación
de
Jueces
y
Juezas
Federales
de
la
República
Argentina,
del
Secretario
de
la
Asociación
Soberanía
y
Memoria,
de
la
Procuraduría
de
Trata
y
Explotación
de
Personas
y
de
“The
International
Legal
Forum”
.

La
comisión
de
acuerdos
tiene
17
miembros
que
son
Guadalupe
Tagliaferri
(PRO),
Anabel
Fernández
Sagasti
(Unión
por
la
Patria);
Beatriz
Luisa
Avila
(Partido
de
la
Justicia
Social),
Martín
Lousteau
(UCR),
Pablo
Daniel
Blanco
(UCR),
Mariana
Juri
(UCR),
Carolina
Losada
(UCR),
Carlos
Mauricio
Espínola
(Propuesta
Republicana),
Carlos
Omar
Arce
(Frente
Renovador
de
la
Concordia
Social),
Ezequiel
Atauche
(La
libertad
Avanza),
Juan
Carlos
Romero
(Cambio
Federal),
Alicia
Kirchner
(UpT),
Juliana
Di
Tullio
(UpT),
Lucia
Benigna
Corpacci
(UpT),
Sergio
Mauricio
Uñac
(UpT),
Claudia
Ledesma
Abdala
De
Zamora
(Frente
Nacional
y
Popular)
y
José
Miguel
Ángel
Mayans
(UpT).
Luego
de
la
audiencia
deberán
emitir
uno
o
varios
dictámenes

aprobando
o
desaprobando
que
el
pliego
de
Lijo
pase
al
reciento
del
Senado
para
su
votación
final.
El
resultado,
hoy
por
hoy,
es
un
misterio
por
el
silencio
de
Cristina
Kirchner.