Los fiscales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano solicitaron formalmente el procesamiento de los jueces federales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi; y el arresto domiciliario para Sánchez Torres, a quien consideran responsable de abuso de autoridad y violencia de género institucional.
El juez Alejandro Sánchez Freytes debe resolver el pedido de procesamiento, mientras que la decisión del arresto domiciliario estaría en manos del Consejo de la Magistratura.
Sánchez Torres y Montesi acumulan cuatro denuncias en su contra.
En este caso están sospechados de haber acordado manipular la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en dos expedientes («Padilla» y «Humanes»), vinculados a un caso de evasión tributaria; según repasa Cba24N.
El objetivo de la maniobra de manipulación de la integración de las salas de la Cámara Federal, según da cuenta una nota de Perfil, habría tenido el objetivo de asegurar la intervención de Sánchez Torres y Montesi en un expediente por evasión tributaria, para beneficiar a ex directivos de una cerealera.
La denuncia fue presentada por la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien aseguró que se opuso a las maniobras de los magistrados y por ello fue víctima de una serie de maltratos y hostigamientos.
Claudio Orosz, abogado de Laje Anaya, en diálogo con el citado medio, aseguró que hay «abundante prueba» que se ha recolectado en la causa, que da cuenta de gritos, humillaciones, cambios de oficina, sobrecarga de tareas y medidas de aislamiento que habría sufrido su representada.
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