El pronunciamiento está previsto para el sábado 28 de noviembre, después de las audiencias que se realizaron esta semana en Hamburgo, Alemania.

En el Ejecutivo consideran que la fecha anunciada por el tribunal obliga a preparar respuestas para todos los escenarios. Las autoridades que participan de la estrategia descartan que la decisión sobre las medidas provisionales se postergue hasta 2027 y sostienen que el organismo deberá pronunciarse sobre la solicitud argentina. En Nación evitan anticipar un resultado y remarcan que el equipo jurídico ya trabaja sobre las alternativas que podrían abrirse después del fallo. La prioridad es preservar las posibilidades de actuación internacional sin presentar una eventual decisión adversa como el final del reclamo.

El punto central es que el Tribunal del Mar no tiene que resolver quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas. La Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y recurrió a Hamburgo para solicitar protección urgente mientras se constituye el tribunal encargado de examinar esa controversia. La presentación no pide que se decida la titularidad territorial del archipiélago, sino que se preserven los derechos invocados sobre la plataforma continental y sus recursos frente al avance de actividades unilaterales.

El artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR establece que el Tribunal del Mar puede ordenar medidas provisionales antes de que se constituya el órgano arbitral si considera, de manera preliminar, que ese futuro tribunal tendría jurisdicción y que existe una situación de urgencia. La evaluación también comprende la plausibilidad de los derechos que se pretende proteger y el riesgo de perjuicio irreparable. Se trata de una instancia procesal diferente del arbitraje de fondo, que puede continuar durante un período considerablemente más extenso.

La Argentina expuso su reclamo ante el Tribunal del Mar para impedir la explotación petrolera británica en Malvinas (Foto: X/@ITLOS_TIDM).
La Argentina expuso su reclamo ante el Tribunal del Ma

En la Casa Rosada contemplan tres escenarios principales: que se concedan las medidas solicitadas, que se ordenen protecciones parciales o que se rechace el planteo argentino. Una decisión favorable podría imponer al Reino Unido obligaciones destinadas a impedir nuevas perforaciones o instalaciones vinculadas con Sea Lion. Una resolución parcial también podría establecer restricciones, requerimientos ambientales u otras obligaciones distintas de las solicitadas. El rechazo, en cambio, exigiría estudiar sus fundamentos antes de definir una nueva presentación. En el Ejecutivo evitan asignar probabilidades públicas a cualquiera de esas alternativas.

La cuestión más sensible es la jurisdicción. El Reino Unido sostiene que la controversia no puede examinarse sin resolver previamente la soberanía territorial, una materia que considera ajena a los mecanismos de la Convención. La Argentina rechaza esa interpretación y afirma que el tribunal puede proteger derechos sobre recursos naturales sin pronunciarse sobre quién ejerce soberanía sobre las islas. Una eventual decisión adversa sobre la jurisdicción preliminar tendría un alcance diferente de un rechazo basado solamente en la falta de urgencia, porque anticiparía objeciones que podrían reaparecer durante el arbitraje.

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