En esa línea, la iniciativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apunta a simplificar el proceso de selección de magistrados y concentrar los mecanismos de control y participación ciudadana en la instancia parlamentaria que se desarrolla en el Senado de la Nación.
Según argumentó el Ejecutivo, existe una crisis institucional provocada por la gran cantidad de cargos vacantes en la Justicia nacional y federal, situación que genera demoras en la resolución de causas y afecta el funcionamiento de los tribunales.
En ese contexto, el decreto elimina una serie de etapas administrativas previas que debían cumplirse antes de que el Ejecutivo enviara una propuesta de candidato al Senado para solicitar el acuerdo correspondiente.
El Gobierno sostiene que esos procedimientos duplicaban mecanismos de control, publicidad y participación ciudadana que ya están contemplados durante el tratamiento de los pliegos en la Cámara alta.
En tanto, a pesar de la simplificación del proceso, los candidatos a integrar la Corte Suprema, así como jueces, fiscales y defensores públicos, deberán continuar presentando declaraciones juradas patrimoniales y documentación sobre posibles conflictos de interés.
Entre los requisitos se incluye informar sociedades, asociaciones civiles, estudios jurídicos y clientes con los que hayan tenido vínculo durante los últimos ocho años.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continuará interviniendo para verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes, aunque ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes.
Nuevas reglas para la publicación de candidatos
Otra de las modificaciones introducidas por el decreto establece que, cuando exista una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el nombre y los antecedentes de los postulantes deberán publicarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia.
Para los concursos destinados a cubrir cargos en tribunales inferiores, fiscales y defensores públicos, se difundirá la integración de las ternas y los antecedentes de los candidatos a través de medios oficiales digitales.
Por último, el Ejecutivo remarcó que no se eliminan los mecanismos de transparencia ni de participación ciudadana, sino que se concentran en el procedimiento que lleva adelante el Senado, donde se realizan las audiencias públicas y el análisis de los antecedentes de cada candidato antes de otorgar el acuerdo constitucional.
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