El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó nuevamente al presidente del Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, por haber mantenido el miércoles por la noche la tasa de interés básica de la economía en 13,75% anual, un índice que según el mandatario atenta contra el crecimiento del país.
Durante la primera reunión del Consejo Económico y Social, entidad que agrupa a banqueros, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales y que debe proponer políticas públicas, Lula también fustigó el precio de los automóviles y la ausencia de modelos para que puedan ser adquiridos por la mayor parte de la población.
“Es gracioso, muy gracioso lo que se piensa en este país. Todo el mundo puede hablar de todo menos de tasa de interés. Todos tienen que tener cuidado para hablar de la tasa de interés, la industria, los productores, los empresarios. Nadie quiere debatir tasa de interés, como si un hombre solo pudiera saber más que la cabeza de 215 millones de brasileños“, aseguró Lula.
Lula mantiene presión para la caída de la tasa de interés que es definida por el Banco Central, cuyo presidente tiene mandato hasta 2024 y fue instalado allí por el Senado por indicación del expresidente Jair Bolsonaro. Campos Neto argumenta que mantiene la tasa que encarece el precio del crédito y reduce la actividad económica para cumplir la meta de 3,25% anual de inflación fijada por la autoridad monetaria.
Es la sexta vez seguida desde setiembre que el Banco Central mantiene la tasa en 13,75% y la tercera en el gobierno de Lula, donde varios ministros y el Partido de los Trabajadores han pedido de la renuncia de Campos Neto, quien el día de la elección fue a votar de amarillo a Bolsonaro.
“Son tasas de interés genocidas”, disparó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
Lula espera que antes de fin mes la presión de la política monetaria sobre la tasa de interés pueda reducirse en caso de que el Congreso apruebe el nuevo marco fiscal, el programa de bandas de superavit y déficit fijado por el ministro Fernando Haddad que elimina el techo del gasto público por 20 años que en 2017 había implementado el gobierno de Michel Temer con el respaldo del mercado financiero.
El presidente Lula dijo que el gobierno está empeñado en reducir el costo de los automóviles cero kilómetro para poder incentivar el consumo popular y a la industria, toda vez que en una década ha caído más del 35% la producción de vehículos nuevos.
“¿Qué pobre puede comprarse un automóvil popular por 90.000 reales (18.000 dólares). Un auto de ese precio no es popular, es para la clase media. Es necesario entender que un automóvil debe ser accesible comprarlo en cuotas para un trabajador, que la cuota pueda entrar en el presupuesto de la familia“, aseguró Lula.
El mandatario puso en marcha este jueves en el Palacio del Planalto el Consejo Económico y Social como había hecho en su primer gobierno, juntando a figuras de todos los sectores económicos para discutir política públicas novedosas.
Lula dijo que espera tener mejores relaciones con el Congreso, a horas de haber sido derrotado por la oposición y la derecha no bolsonarista que derribó el proyecto de ley enviado por el gobierno para revisar algunos puntos del marco nacional de saneamiento básico, entre ellos la participación del sector privado. Incluso votaron en contra del gobierno la mayor parte del bloque de Unión Brasil, partido de derechas que tiene tres ministerios en el gobierno.
Entre los 246 miembros del Consejo Económico y Social se encuentran figuras como Milton Maluhy Filho, CEO del banco Itaú, el privado más grande de Brasil, y el cura Julio Lancelotti, un aliado de Lula que trabaja con personas en situación de calle en el centro de San Pablo. Incluso hay representantes de las patronales agrarias que apoyaron a Bolsonaro el Ceo de Novonor, como se conoce a la empresa residual de lo que fue la gigante Odebrecht, involucrada en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Los miembros que tendrán participación activa son los el grupo de abogados Prerrogativas, que fueron grandes aliados de Lula contra el lawfare, cuando fue condenado y enviado a prisión por orden del exjuez Sérgio Moro en la operación Lava Jato, acción anulada por la corte por ser un proceso sin pruebas y manipulado políticamente.