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El Gobierno de Bolivia llevará ante la Justicia a Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la auditoría electoral que realizó en 2019 y cuyos resultados desencadenaron un golpe de estado, anunció este viernes el embajador ante el organismo, Héctor Arce.
“Es un tema que tarde o temprano, esté o no el señor Luis Almagro, cuando concluya su misión (en la OEA), Bolivia ha de llevarlo a la justicia, porque estos temas no pueden quedarse abiertos”, afirmó Arce al canal estatal Bolivia TV, replicó la agencia de noticias Sputnik.
Almagro, como secretario general de la OEA, avaló la realización de una auditoría a las elecciones presidenciales que ganó el expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos resultados preliminares fueron entregados la madrugada del 10 de noviembre de 2019 y hablaban de irregularidades.
Ese mismo mes, Morales tuvo que abandonar el país acosado por la oposición, la OEA -que emitió una denuncia de fraude electoral, luego desautorizada por auditorías académicas extranjeras- y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su victoria en las elecciones del 20 de octubre.
Horas después de que Morales abandonara el país tras haber renunciado y dos días después de haber denunciado que había sido víctima de un golpe de estado, Jeanine Áñez (2019-2020) se autoproclamó presidenta.
El diplomático boliviano argumentó que conoció recientemente que en la OEA no existen normas para la realización de auditorías como la de 2019.
“No existen normas de auditoría de integridad electoral, es decir, (en 2019) han hecho una auditoría como han querido, han hecho una auditoría sesgada, no podría llamarse jamás una auditoría. Sesgada profundamente por intereses políticos para desestabilizar a un gobierno y a una democracia progresista”, denunció.
El embajador boliviano hizo notar que en la actual Asamblea de la OEA, que se realiza en Washington, volvió a presentar el reclamo contra Almagro, porque considera que en vez de cumplir con su rol de defensa de la democracia, fue responsable del quiebre constitucional que dejó 36 muertos.