De
no
suceder
esto
último,
los
fiscales
pidieron
que
se
prohíba
que
ambos
puedan
salir
del
país,
además
del
pago
de
cauciones.
Todo
ello
en
el
marco
del
Megajuicio
por
delitos
de
corrupción,
en
la
que
Báez,
Urribarri
y
Aguilera
están
condenados
a
prisión
efectiva.
Piden
prisión
preventiva
para
Sergio
Urribarri
y
derivar
a
la
cárcel
a
Pedro
Báez
Según
supo
ANÁLISIS,
desde
la
acusación
pública
entienden
que
quedó
firme
la
condena
contra
Báez
dado
que
su
defensor,
Ignacio
Díaz,
no
recurrió
la
Queja
interpuesta
ante
la
Sala
Penal
del
Superior
Tribunal
de
Justicia
(STJ),
con
lo
cual
se
entiende
que
el
exministro
quedó
en
una
situación “delicada”.
En
tanto,
los
fiscales
del
megajuicio
solicitaron
una
caución
real
o
prisión
preventiva
y
que
se
prohiba
salir
del
país
al
exgobernador
Urribarri
y
su
cuñado
Aguilera.
Megajuicio
y
condenas
Urribarri
fue
condenado
a
8
años
de
prisión
en
el
marco
del
megajuicio
por
corrupción.
Se
lo
consideró
responsable
de
delitos
de
negociaciones
incompatibles
con
el
ejercicio
de
la
función
pública,
fraude
a
la
administración
pública
y
peculado.
Se
lo
juzgó
entre
2021
y
2022
junto
a
otros
funcionarios
y
particulares
vinculados
a
contrataciones
del
Estado
provincial
durante
sus
gestiones
de
gobierno.
Entre
los
condenados
de
mayor
jerarquía
por
el
cargo
y
rol
que
desempeñaron
estuvo
el
exministro
de
Cultura
y
Comunicación,
Pedro
Báez,
y
el
cuñado
de
Urribarri,
Juan
Pablo
Aguilera.
Los
fiscales
Patricia
Yedro,
Gonzalo
Badano
y
Juan
Francisco
Ramírez
Montrull,
llevaron
adelante
la
acusación
en
el
debate
oral
que
se
desarrolló
durante
varios
meses.
En
el
inicio
del
juicio
también
estuvo
la
exprocuradora
Adjunta,
Cecilia
Goyeneche,
que
fue
posteriormente
apartada
por
orden
del
Jurado
de
Enjuiciamiento.
Lo
que
ocurrió
es
que,
poco
antes
del
inicio
del
megajuicio,
Goyeneche
fue
denunciada
ante
el
Jurado
de
Enjuiciamiento
por
su
desempeño
en
otra
causa
por
corrupción,
los
“contratos
truchos”.
En
algunos
ámbitos
judiciales
y
políticos
siempre
se
entendió
esa
denuncia
y
apartamiento
como
una
especie
de
“vendetta”
por
la
conducción
de
las
investigaciones.
Los
representantes
de
la
acusación
pública
ventilaron
en
el
megajuicio
cinco
causas
acumuladas
por
corrupción
durante
las
gestiones
de
Urribarri:
una
contratación
del
Estado
provincial
a
varios
medios
nacionales
para
publicar
un
posicionamiento
político
contra
los
fondos
buitres,
con
dinero
público;
las
contrataciones
constantes
de
servicios
publicitarios
y
de
cartelería
a
empresas
armadas
por
Juan
Pablo
Aguilera;
la
instalación
de
un
parador
playero
en
Mar
del
Plata
con
dinero
público
que
tuvo
como
finalidad
la
promoción
de
la
candidatura
a
Presidente
del
exgobernador;
la
contratación
de
espacios
publicitarios
en
medios
nacionales
para
la
difusión
de
la
imagen
de
Urribarri,
en
el
marco
de
su
campaña
presidencial;
y
la
contratación
de
carteles
en
rutas
de
Buenos
Aires
también
para
la
difusión
de
la
imagen
del
exgobernador.
El
Tribunal
de
Juicio
y
Apelaciones
que
controló
la
legalidad
de
la
investigación
y
el
debate
estuvo
conformado
por
José
María
Chemez
(jubilado),
Elvio
Garzón
y
Carolina
Castagno.
Mientras
se
desarrolló
el
debate,
Urribarri
se
desempeñaba
como
canciller
del
gobierno
argentino
en
Chipre
e
Israel.
El
exgobernador
debió
renunciar
a
su
cargo
diplomático
tras
la
condena,
el
7
de
abril
de
2022.
Su
apartamiento
de
los
cargos
se
dio
en
medio
de
una
polémica,
ya
que
se
mostró
reacio
a
dejar
las
embajadas.
Sin
embargo,
en
ese
momento
el
ministro
de
Relaciones
Exteriores
de
la
Nación,
Santiago
Cafiero,
le
exigió
la
renuncia
inmediata
por
estar
condenado
en
primera
instancia
por
delitos
de
corrupción.
En
la
misma
condena
se
sentenció
al
exministro
de
Cultura
Pedro
Báez
y
al
cuñado
del
exgobernador
Juan
Pablo
Aguilera.
Ambos
recibieron
una
pena
de
6
años
y
medio
de
prisión
más
la
inhabilitación
perpetua
para
ejercer
cargos
públicos,
al
igual
que
Urribarri.
La
sentencia
fue
apelada
por
los
defensores
y
dichos
recursos
se
discutieron
en
el
marco
de
seis
audiencias
de
Casación
a
cargo
del
Tribunal
compuesto
por
Marcela
Davite,
Marcela
Badano
y
María
Evangelina
Bruzzo.
Después
de
escuchar
a
los
abogados
defensores
y
al
Ministerio
Público
Fiscal,
las
integrantes
de
la
Cámara
confirmaron
las
condenas
de
primera
instancia.
El
veredicto
De
las
13
imputaciones
en
el
megajuicio
por
corrupción,
cuatro
personas
resultaron
absueltas:
el
exministro
de
Turismo,
Hugo
Marsó;
el
contador
y
empleado
del
Gobierno
provincial,
Gustavo
Tórtul;
el
diseñador
gráfico
Maximiliano
Sena
y
Alejandro
Almada.
Además
se
absolvió
a
Hugo
Céspedes,
que
falleció
después
de
iniciado
el
debate.
Pese
a
la
extinción
de
la
acción
penal
por
su
muerte,
el
tribunal
consideró
justo
absolverlo
de
culpa
y
cargo
y
decidió
que
el
proceso
no
afecta
su
buen
nombre
y
honor.
Tal
como
valoraron
en
las
otras
absoluciones,
los
jueces
sostuvieron
que
no
hallaron
elementos
que
sostengan
las
imputaciones
pedidas
por
los
fiscales.
El
adelanto
de
sentencia,
una
lectura
que
llevó
desde
las
8.30
de
un
jueves
hasta
pasadas
las
21,
ordenó
además
expropiación
de
las
instalaciones
de
calle
Racedo
415
de
Paraná,
donde
funcionaba
la
imprenta
y
toda
la
estructura
logística
de
las
empresas
de
Aguilera.
El
tribunal
consideró
acreditada
la
titularidad
de
Aguilera
sobre
ese
comercio
que
se
montó
en
base
a
un
mecanismo
de
corrupción.
El
juez
Chemez
señaló
que
el
galpón
fue
adquirido
con
un
crédito
bancario
subsidiado
por
el
Estado
y
el
negocio
se
desarrolló
con
dineros
públicos
que
se
desvió
en
las
dos
gestiones
de
Urribarri
como
gobernador.
Condenas
de
ejecución
condicional
Además
de
las
condenas
mencionadas
arriba,
el
tribunal
consideró
la
culpabilidad
del
diseñador
gráfico
Emiliano
Giacopuzzi
como
partícipe
secundario
por
el
delito
de
negociaciones
incompatibles
con
el
ejercicio
de
la
función
pública.
Lo
condenó
a
2
años
de
ejecución
condicional.
A
Germán
Buffa
lo
declararon
partícipe
necesario
de
las
negociaciones
incompatibles
con
el
ejercicio
de
la
función
pública
y
se
lo
condenó
a
1
año
y
2
meses
de
ejecución
condicional,
en
la
causa
por
la
contratación
de
medios
nacionales
para
difundir
un
posicionamiento
contra
los
fondos
buiters.
A
Gerardo
Caruso
lo
condenaron
como
partícipe
necesario
de
negociaciones
incompatibles
y
peculado
y
lo
condenaron
a
3
años
de
ejecución
condicional
más
inhabilitación
absoluta
perpetua.
Fue
en
el
marco
de
una
de
las
causas
por
contratación
de
cartelería
en
rutas
de
Buenos
Aires.
A
Corina
Cargnel,
el
tribunal
la
condenó
como
partícipe
necesaria
de
negociaciones
incompatibles
con
ejercicio
de
función
pública
y
peculado
por
la
causa
imprentas
y
en
la
causa
parador.
Le
dieron
3
años
de
ejecución
condicional
e
inhabilitación
absoluta
perpetua.
“Creemos
que
las
penas
pedidas
por
Fiscalía
han
sido
excesivas
y
no
se
consideraron
atenuantes”,
dijo
el
presidente
del
Tribunal
y
puntualizó
en
la
situación
de
Cargnel,
a
quien
Fiscalía
consideró
“mano
derecha”
de
Juan
Pablo
Aguilera
que,
más
allá
de
todo, “cumplió
siempre
su
rol
de
contadora
interna
de
la
empresa
y
es
madre”.
A
Gustavo
Tamay
lo
encontraron
responsable
como
partícipe
necesario
de
negociaciones
incompatibles
con
el
ejercicio
de
la
función
pública
y
lo
condenaron
a
3
años
de
prisión
de
ejecución
condicional
más
inhabilitación
absoluta
perpetua.
Fue
en
el
marco
de
la
causa
que
se
denominó
“imprentas”
o
“causa
de
la
vaca”.
Declararon
a
Luciana
Almada
partícipe
necesaria
de
negociaciones
incompatibles
y
peculado
y
la
condenaron
a
2
años
y
medio
de
ejecución
condicional.
La
pareja
de
Aguilera
desempeñó
un
rol
destacado
en
las
empresas
publicitarias
de
Aguilera.
Medios
alternativos
Corina
Cargenl,
Gustavo
Tamay,
Luciana
Almada,
Giacopuzzi,
Germán
Buffa
y
Gerardo
Caruso
debieron
fijar
domicilio
por
dos
años
y
reportarse
a
la
Oficina
de
Medios
Alternativos
(OMA)
porque
les
asignaron
realizar
tereas
no
remunerativas.
Quedó
claro
que
el
tribunal
merituó
de
otro
modo
las
penas
a
los
imputados.
Cabe
señalar
que
el
Ministerio
Público
Fiscal
había
pedido
condenas
mucho
más
elevadas.
Los
jueces,
en
cambio,
absolvieron
a
4
imputados
y
6
de
los
13
que
llegaron
a
juicio
recibieron
condenas
de
ejecución
condicional.
Los
magistrados
no
resolvieron
lo
mismo
en
torno
al
exgobernador
Urribarri,
el
exministro
Báez
y
Aguilera,
en
quienes
colocó
la
mayor
responsabilidad
de
los
hechos
ventilados
en
el
debate.