Nueva directiva de la Administración Trump podría cambiar la forma en que algunos inmigrantes ajustan su estatus legal

Una nueva directiva de la Administración Trump podría cambiar significativamente cómo o si ciertos inmigrantes pueden ajustar su estatus legal mientras permanecen en los Estados Unidos.

La guía emitida podría afectar a cientos de miles de personas, incluidos trabajadores temporales, refugiados y padres que se quedaron más tiempo del permitido por la visa y ahora tienen un hijo ciudadano estadounidense que tiene al menos 21 años. Durante años, las personas en estas categorías han podido ajustar su estatus sin salir del país. La administración ahora dice que el proceso es discrecional y no debe tener prioridad sobre el procesamiento consular, que se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos.

Los expertos en leyes de inmigración que rechazan el cambio dijeron que el Congreso creó el proceso de ajuste con base en Estados Unidos específicamente para prevenir las separaciones familiares. Las organizaciones de derechos de los inmigrantes se hicieron eco de esa preocupación y calificaron la directiva como parte de esfuerzos más amplios para separar a las familias.

«Supuestamente, la estrategia es ponérselo tan difícil a nuestra comunidad que nos autodeportemos o regresemos a nuestro país de origen», dijo la directora ejecutiva de CARECEN, Martha Arévalo. «Pero la realidad es que este es nuestro país».

Las organizaciones también dijeron que planean impugnar la política en los tribunales.

«Nuestra organización hermana, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, ha demandado a esta administración varias veces por violaciones de nuestros derechos al debido proceso, por presentar este tipo de procesos que sólo dañan a nuestra comunidad y que dividen a nuestras familias», dijo la directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas. «Así que una vez más lo llevaremos a los tribunales».

Los expertos legales dijeron que la directiva introduce incertidumbre para quienes actualmente buscan ajustar su estatus. El director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional advirtió que esto plantea un riesgo significativo para los solicitantes e instó a las personas a consultar con un abogado o buscar asistencia legal gratuita para comprender el riesgo potencial de deportación.

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